Ciudades, la
piedra angular del desarrollo de América Latina (14 de septiembre de 2017):
La informalidad laboral, de vivienda y de transporte público en las ciudades
latinoamericanas están limitando el crecimiento y frenando las aspiraciones de
alcanzar mejores niveles de desarrollo socioeconómico, según el RED 2017.
Un breve paseo por los alrededores de las principales
ciudades de América Latina bastará para apreciar la gran cantidad de viviendas
informales hacinadas en barrios vulnerables, muchas de ellas con acceso
inestable o inexistente a servicios básicos como agua o electricidad. Para
ponerlo en cifras, entre el 20% y el 30% de los habitantes de la región viven
en asentamientos informales.
En México DF, Buenos Aires, Bogotá, Lima o San Pablo
también es común cruzarse diariamente con vendedores ambulantes o con
trabajadores sin contrato formal, que consecuentemente no cotizan ni tienen
cobertura médica, por ejemplo. Hoy en día casi la mitad de los trabajadores
latinoamericanos trabajan informalmente.
Si a estas realidades sumamos los históricos problemas de
movilidad en los principales centros urbanos de la región -que provocan
innumerables horas perdidas en atascos-, tendremos lo que los expertos
denominan la "triple informalidad" (en vivienda, transporte y
empleo), uno de los principales factores que explican los bajos índices de
productividad y competitividad de América Latina.
De hecho, según el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo
(RED 2017) de CAF, la situación en la mayoría de ciudades latinoamericanas ha
impedido que la región alcance los niveles de desarrollo registrados en las
economías más avanzadas.
La buena noticia es que el RED 2017, titulado
"Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América
Latina", considera que es posible revertir esta situación y aprovechar los
beneficios económicos de la urbanización, en una región donde 8 de cada 10
habitantes vive en ciudades. Para ello, en los próximos años América Latina
deberá apostar por centros urbanos accesibles que se conviertan en motores de
crecimiento e inclusión social, para lo que será necesario incidir en tres
dimensiones:
Ø El
uso del suelo, que establece dónde se localizan las empresas y las familias en
una ciudad.
Ø El
mercado residencial, que determina la calidad de las viviendas, así como su
disponibilidad y precio.
Ø La
oferta e infraestructura de transporte, que define cómo se mueven las personas
y las mercancías en el interior de la ciudad.
"Estas dimensiones, articuladas eficientemente a
través de políticas públicas coordinadas a nivel territorial y sectorial en el
ámbito metropolitano, deberían contribuir a facilitar el acceso a oportunidades
económicas de las ciudades y, paralelamente, a mejorar su competitividad",
asegura Pablo Sanguinetti, economista jefe de CAF y coordinador del informe.
Entre las principales razones que han impedido aprovechar
las ventajas de la urbanización se encuentra el estado de las infraestructuras,
tanto de transporte como de servicios públicos, generalmente asociadas a
regulaciones restrictivas de uso del suelo. Las infraestructuras existentes no
han permitido que las urbes de la región puedan absorber los flujos migratorios
y expandir su tamaño de forma ordenada y sostenible, hecho que ha favorecido la
proliferación de asentamientos informales o la desfavorable movilidad urbana,
entre otros.
En cuanto al transporte, la evidencia muestra que la
infraestructura de movilidad en la región es escasa e inadecuada en comparación
con las ciudades de países desarrollados, hecho que dificulta el acceso a los
mejores empleos disponibles y que, paralelamente, impide que las empresas
dispongan de la mano de obra más preparada. Según la encuesta hecha por CAF
para el RED 2017, en ciudades como San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Lima
una cuarta parte de la población emplea por lo menos una hora al día para
llegar a su trabajo, mientras que el latinoamericano promedio tarda 40 minutos
desde su casa al trabajo (sin contar el tiempo de retorno). En este sentido, el
39% de los latinoamericanos se desplaza en transporte público para ir a
trabajar, el 22% en trasporte privado y el 26% a pie, en contraste con las
cifras registradas en Europa, donde 23% usa el transporte público, el 54% el
privado y el 11% camina. En Estados Unidos el 90% usa el transporte privado.
Para mejorar esta situación el RED 2017 aboga, entre
otras medidas, por un enfoque de política pública que haga a los usuarios de
automóviles y motocicletas responsables por los costos sociales y ambientales
que producen sus desplazamientos.
En cuanto a la vivienda, el RED asegura que en América
Latina la vivienda está fuera del alcance de los presupuestos de muchas
familias. De hecho, se calcula que un apartamento de 50 metros cuadrados podría
consumir 30 años de ingresos promedio en varios países. Los déficits
habitacionales de la región se manifiestan, por ejemplo, en un acceso limitado
a servicios públicos. Entre las soluciones que propone el reporte se encuentran
la flexibilización de la oferta inmobiliaria y del marco regulatorio de uso del
suelo y estándares de edificación, o la agilización de los procesos
burocráticos de permisos de construcción y registros de propiedad.
Adicionalmente, por el lado de la demanda se requiere una mayor generación de
ingresos y fomentar el acceso al crédito hipotecario.
Gobernanza: El éxito de las intervenciones en áreas como
el uso del suelo, la movilidad y el mercado de la vivienda depende en gran
medida de la gobernanza metropolitana. Las ciudades deben contar con
disposiciones institucionales que permitan implementar políticas públicas
eficientes, siguiendo procesos transparentes y participativos.
Según el RED 2017, una buena gobernanza metropolitana
descansa en tres pilares. Por un lado, el balance entre la complejidad de los
problemas/políticas a atender y el arreglo institucional que se diseña para tal
efecto; segundo, los recursos financieros y humanos con que puede contar; y
tercero, su legitimidad política (rendición de cuentas ante el ciudadano).
En este sentido, es imprescindible fortalecer a las
instituciones y las capacidades estatales a nivel metropolitano para coordinar
eficientemente las políticas públicas y llevar a las ciudades latinoamericanas
a un nuevo equilibrio basado en la inclusión social y, en definitiva, en el
bienestar de los ciudadanos. (Banco Mundial)
En busca de
ciudades mejor preparadas ante fenómenos naturales extremos (14 de julio de
2017): América Latina necesita un nuevo enfoque integral que contribuya a
reducir las incontables pérdidas humanas y materiales ocasionadas por terremotos,
inundaciones o ciclones.
América Latina es una de las regiones más afectadas por
los fenómenos naturales extremos (terremotos, lluvias torrenciales, ciclones
tropicales o huracanes) causantes de desastres que se cobran miles de vidas y
que generan sustanciosas pérdidas materiales. Por si esto fuera poco, una parte
de estos fenómenos, los relacionados con las fluctuaciones del clima, se están
recrudeciendo como consecuencia del calentamiento global.
De hecho, entre 2000 y 2013, sólo en Centroamérica y América
del Sur los fenómenos hidrometeorológicos (sequías, inundaciones,
precipitaciones extremas o ciclones tropicales) provocaron más de 13.000
muertes, afectaron a más de 53 millones de personas y ocasionaron pérdidas de
aproximadamente USD 52.000 millones, según la Universidad de Lovaina. Estas
cifras han situado a América Latina a la cabeza del ranking de regiones con
daños económicos por desastre más alta del mundo, y dan cuenta de la relevancia
del problema para las economías de la región.
Entre 2000 y 2013 los fenómenos hidrometeorológicos
afectaron a más de 53 millones de personas en América Latina.
Las ciudades de la región son las que reciben las peores
consecuencias de los fenómenos naturales extremos, ya que concentran a 4 de
cada 5 latinoamericanos y al conjunto de los activos físicos más importantes de
las economías nacionales.
La vulnerabilidad de muchas ciudades de América Latina
ante este tipo de fenómenos encuentra parte de su explicación en la débil
planificación y gestión urbana, agravada esta por la creciente urbanización,
que lleva a la ocupación de zonas no aptas para la construcción de viviendas,
por ejemplo, o a la creciente congestión automotriz y a su consecuente
generación de emisiones.
"La tendencia es que los desastres aumenten en
frecuencia e intensidad, y las ciudades deben prepararse para enfrentarlos con
mejores herramientas. No solo se necesitarán recursos financieros, sino también
una adecuada estructura de gobernanza de la gestión integral del riesgo de
desastres que permita abordar de manera comprensiva cada una de las etapas,
desde la identificación, valoración y prevención del riesgo hasta la etapa
final de reconstrucción y rehabilitación de los daños ocasionados por los
desastres", asegura Pablo López, especialista en desarrollo urbano de CAF
-banco de desarrollo de América Latina.
América Latina necesita mejorar la forma en que prepara a
sus #ciudades para enfrentar fenómenos naturales extremos.
En este sentido, existe el consenso generalizado de que
América Latina necesita mejorar la forma en que prepara a sus ciudades para
enfrentar fenómenos naturales extremos. Entre los principales aspectos a tener
en cuenta para lograr ciudades resilientes a desastres destacan los siguientes:
• Mejorar
la gestión del uso del suelo urbano.
• Diseñar y
construir infraestructuras mejor adaptadas.
• Tratar
integralmente las cuencas urbanas.
• Mejorar la gestión de los servicios de
recolección de residuos y la infraestructura de drenajes.
• Fomentar la participación comunitaria
en la definición de acciones o desarrollar información a nivel local.
"Para lograr ciudades resilientes las ciudades deben
pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, ya que prevenir o reducir los
desastres es más eficiente en términos de costos y resultados que la acción de
respuesta", asegura López.
En este sentido, será imprescindible el trabajo conjunto
de la sociedad civil con los gobiernos locales y regionales.
Una planificación urbana moderna también debe tener en
cuenta un enfoque integral de la gestión de riesgos que incluya las
infraestructuras de edificios, espacios verdes y abiertos, vías y equipamiento
comunitario capaz de responder de manera efectiva a futuros eventos geo
climáticos.
CAF trabaja en el desarrollo de proyectos resilientes y
de baja emisión de carbono en los países latinoamericanos, que incluyen el
diseño de infraestructuras resilientes a fenómenos naturales extremos, con el
objetivo de prevenir y mitigar el efecto de las inundaciones en las cuencas de
distintos ríos en la región, así como el desarrollo de mecanismos de transporte
sostenible, entre otras intervenciones. La institución prevé que al año 2020 el
30% de sus aprobaciones sean de proyectos verdes, y que dicha tendencia irá en
aumento, estimando que alcance un 50% al 2050. (Banco Mundial)
El OEFA capacita a
los gobiernos regionales para fortalecer la fiscalización ambiental a nivel
nacional (Lima, 06 de octubre del 2017): El OEFA realizó el taller “El
Reglamento de Fiscalización Ambiental Regional como herramienta efectiva para
las entidades de fiscalización ambiental regionales”, dirigido a los
funcionarios de los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Callao, Lima,
La Libertad, Piura y Puno, para que implementen sus instrumentos legales
tomando como modelo el Reglamento de Fiscalización Ambiental Regional elaborado
por el organismo.
En el desarrollo del evento se brindaron alcances y
absolvieron las consultas formuladas sobre el referido reglamento. Como
resultado del evento se suscribió un acta en la cual los gobiernos regionales y
el OEFA establecieron las acciones de trabajo que realizarán en el corto plazo,
para concretar la aprobación de sus respectivos reglamentos.
El evento fue realizado en colaboración con el Proyecto
“Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el
Perú (Megam)”, como parte del trabajo que viene realizando el OEFA en el
presente año con los gobiernos regionales.
Con este evento, el OEFA reafirma su compromiso en apoyar
a las entidades de fiscalización ambiental en el fortalecimiento de sus
capacidades, logrando con ello que el Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (Sinefa) logre sus fines y garantice el derecho a un
ambiente equilibrado y adecuado.
Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
OCAC – OEFA
Remesas hacia
América Latina serán de $79 000 Millones al finalizar 2017 (09 octubre 2017):
WASHINGTON, OCT 08 (ANDES). _ El Banco Mundial espera un aumento del 6,9 % de
las remesas enviadas hacia América Latina y el Caribe que, en términos globales,
representarán unos $ 79 000 millones al concluir el año 2017.
Las causas de este incremento se encuentran en: el
crecimiento económico y la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos
que está provocando un impacto en los flujos de envíos a México, país que este
año recibirá una cifra récord de $ 31 000 millones, mientras que en América
Central habrá una moderación en 2018, que alcanzará los $ 82 000 millones,
según la última edición de Migration and Development Brief (reseña sobre
migración y desarrollo) del citado Banco.
A nivel mundial advierte el estudio que las remesas a
países de ingreso bajo y mediano se encuentran en vías de recuperación, tras
dos años consecutivos de disminución por lo que prevé que las remesas, que
incluyen los flujos destinados a países de ingreso alto, experimentarán un
crecimiento del 3,9 % y ascenderán a $ 596 000 millones. El informe asegura que
la recuperación está impulsada por un crecimiento relativamente más sólido de
la Unión Europea, la Federación de Rusia y Estados Unidos.
Es probable, anota, que las regiones que muestren el
mayor crecimiento de los flujos de remesas este año sean África al sur del
Sahara, Europa y Asia central y América Latina y el Caribe. En los países del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el ajuste fiscal generado por la baja
en los precios del petróleo y las políticas que desalientan la contratación de
trabajadores extranjeros harán reducir los flujos de remesas a Asia oriental y
meridional.
De otro lado el estudio señala que el costo mundial
promedio que supone el envío de $ 200 se mantendrá sin cambios en un 7,2 %, en
el tercer trimestre de 2017, valor considerablemente más alto que la meta del 3
% establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Las remesas son un salvavidas para los países en
desarrollo, especialmente luego de desastres naturales, como los recientes
terremotos ocurridos en México y las tormentas que devastaron el Caribe. Es
imprescindible que la comunidad mundial reduzca los costos de las remesas
mediante la eliminación de los contratos de exclusividad, en especial en los
países de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). También hay una necesidad imperiosa de hacer frente a las
medidas de eliminación del riesgo de los bancos internacionales”, expresó Dilip
Ratha, autor principal del informe y director de la Asociación Mundial de
Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD). (Fuente:
http://radioequinoccio.com/ Con información de ANDES Agencia de Noticias de
Ecuador)
Riesgo a desastres
debe sumarse ya a presupuestos latinoamericanos (09 octubre 2017):
Especialistas y representantes gubernamentales de planificación y finanzas de
los países de América Latina y el Caribe, reunidos en San José, Costa Rica.
Foto: IPS (Daniel Salazar)
SAN JOSÉ (IPS). -
América Latina y el Caribe requiere incorporar en sus presupuestos e
inversiones el riesgo ante desastres, urgieron en la capital de Costa Rica
especialistas y representantes de los gobiernos durante un encuentro sobre el
creciente efecto de los fenómenos naturales en las economías regionales.
La Reunión Regional sobre el Impacto Macroeconómico de
los Desastres por la Ocurrencia de Eventos Naturales en América Latina y el
Caribe, realizada el miércoles 4 y el jueves 5 de octubre, congregó a
funcionarios de finanzas, planificación y emergencias de los países de la
región y dejó en evidencia la falta de planificación financiera para que los
desastres se incorporen a los proyectos públicos.
“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión
y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las
amenazas”, subrayó Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, en
inglés).
“Algunas estimaciones en Japón señalan que, por cada
dólar que se invierte en gestión de riesgo, hay un ahorro de 12 en inversión.
En otras latitudes se manejan otras estimaciones similares, pero, al final del
día, es mejor invertir en la prevención que gastar mucho más después, en la
reconstrucción”: Roy Barboza.
El encuentro ocurre cuando la región aún está impactada
por los efectos de los huracanes Irma y María por varios países y los dos
mortíferos terremotos ocurridos en México, eventos sucedidos en septiembre, y
coincidió con el paso de la tormenta tropical Nate, que ocasionó en Costa Rica
nueve víctimas mortales, 28 desaparecidos y 7000 desplazados.
El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela),
organizador de la reunión al igual que la UNISDR, destacó que la región debe
prepararse para desastres naturales cada vez más frecuentes.
Desde 1960 hasta el 2017 la región enfrentó 2.269
desastres declarados como emergencia, que causaron la muerte de 532.284
personas y que significaron pérdidas económicas por más de 213.000 mil
millones, destacó el Sela.
Lo más significativo fue que la mayoría de estos eventos
se reportaron desde el año 2000.
El grueso de los desastres de la región no está
directamente relacionado con eventos geológicos (como los seísmos) sino con
situaciones hidrológicas y meteorológicas, que tienen un impacto directo en los
servicios públicos de cada país.
En zonas como El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Cuba o Jamaica, el coste de los daños como proporción de la
producción multiplica en varias veces el gasto en investigación y desarrollo.
Los representantes de los gobiernos destacaron, por eso,
que es cada vez más importante la coordinación entre las carteras de finanzas y
de planificación de sus países para que la construcción de obra pública, e
incluso privada, considere los desastres naturales.
“Algunas estimaciones en Japón señalan que, por cada
dólar que se invierte en gestión de riesgo, hay un ahorro de 12 en inversión.
En otras latitudes se manejan otras estimaciones similares, pero, al final del
día, es mejor invertir en la prevención que gastar mucho más después, en la
reconstrucción”, dijo a IPS el secretario ejecutivo del Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, Roy Barboza.
Trabas para la prevención: Aunque la región comienza a
dar sus primeros pasos para incorporar esas variables en los presupuestos, los
esfuerzos aún resultan insuficientes.
Apenas 18 de los 35 países de la región están integrando
la reducción del riesgo de desastres en la planificación y en la inversión
pública. La mayoría de quienes ya lo hacen, empezaron a incorporarlo hace
apenas dos años.
En el último quinquenio, 12 países actualizaron sus
marcos legislativos para incorporar riesgo de desastres, pero aún hay países
(especialmente en el Caribe) que requieren avanzar más y desarrollar más
inversión pública resiliente, o resistente a los embates de los desastres.
Una de las principales trabas está en las restricciones
fiscales para el contacto entre los departamentos financieros o de hacienda y
de planificación de los países.
“Desde el punto de vista de manejo financiero, si yo le
planteo a un financista una inversión en materia preventiva, eso amenaza la
condición fiscal de un país, porque los proyectos aumentan de costo y, ¿cómo
convencer a un político sobre los aumentos en costos?”, se preguntó Carlos
Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica.
Desde una perspectiva financiera, explicó Picado a IPS,
la inversión en prevención aumenta siempre los costos, pero debe considerarse
el análisis del beneficio futuro que genera la obra, y las pérdidas que se
generarían por el cese eventual de los servicios tras un desastre.
Por eso, los funcionarios y especialistas urgieron a
desarrollar mediciones y datos que permitan a los planificadores demostrar a
los responsables de hacienda los posibles costos asociados a pérdidas futuras
por desastres. “Cuando (esa planificación presupuestaria) no se realiza es
porque el impacto usualmente está subestimado”, explicó Salazar, de la UNISDR,
a IPS. “Uno mira las estadísticas de los desastres que ocurren, y por lo
general, sólo recogen los desastres de mayor escala, pero descartan otros
pequeños que también son importantes”, afirmó.
Añadió que casi la mitad de los desastres en las
estadísticas de la región no se contemplan, por ser de pequeña escala. Eso
subestima los costos e impactos que los países consideran cuando abordan y analizan
los desastres. Además, esas pérdidas suelen ser asumidas por las familias de
bajos ingresos, lo que dificulta más que un país pueda prestarles atención.
Justo esas estimaciones resultan también esenciales para
invertir en prevención ante un contexto de restricciones fiscales, como los que
enfrentan regiones como América Central.
Para Abenamar De La Cruz, ejecutivo principal de la
Dirección de Proyectos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las
posibilidades de acceso a un crédito son mucho mayores para un país que busca
planificar, que para uno que está respondiendo a una emergencia en tiempo real.
A su juicio, la aplicación de créditos, y ejecución de
recursos es más sencilla para un país en una etapa previa a un desastre que en
un evento de catástrofe. Incluso, las calificaciones crediticias pueden verse
afectadas durante desastres, lo que dificulta aún más su acceso a recursos
urgentes.
“Estamos pasando por un período de vacas flacas. En los
últimos años el saldo fiscal ha estado creciendo, y el espacio de endeudamiento
es cada vez menor. Si sumamos el alto riesgo, la alta exposición a desastres y
las vacas flacas deberíamos de preocuparnos (…) es mejor planificar”, alertó.
Los desastres incorporan también otras variables sobre la
que alertaron los expertos: usualmente afectan con más fuerza a los grupos que
se encuentran en pobreza, por lo que los impactos en los servicios públicos
pueden incidir negativamente en la cohesión social y aumentar aún más las
brechas de la desigualdad.
Mientras tanto, Salazar celebró el desarrollo de
reuniones regionales que permitan compartir conocimientos y metodologías para
incorporar estas variables en la construcción y el desarrollo de servicios
públicos.
El encuentro de San José refleja “un trabajo que ya
vienen realizando los ministerios de economía, finanzas y de planificación
desde hace casi dos años en trabajar metodologías y formas para integrar la
reducción de riesgos de desastres en la evaluación que los ministerios hacen de
los proyectos de inversión pública… Eso nos satisface mucho” dijo. (IPS)
(Fuente: http://www.elpais.cr/)
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